El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La querella alega un posible delito de revelación de secretos en un comunicado de la Fiscalía, que buscaba desmentir varios bulos sobre un proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario.
El tribunal madrileño considera que la continuidad de las diligencias requiere la versión del fiscal general sobre los hechos, razón por la cual ha elevado el caso al Supremo. En defensa de sus acciones, García Ortiz afirmó en un comunicado que la nota de prensa se emitió para "poner fin a un bulo y amparar a un compañero", y subrayó que no abandonará su cargo a pesar de la situación.
La querella de González Amador surgió tras un comunicado de la Fiscalía de Madrid, que informaba sobre los contactos con el abogado del empresario para buscar un pacto. Según el Ministerio Público, el comunicado tenía como objetivo desmentir informaciones falsas difundidas por medios de comunicación y Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, acerca de una oferta de ocho meses de cárcel.
En su decisión, el TSJM archivó el caso contra el fiscal Julián Salto, quien denunció a González Amador por fraude fiscal, reconociendo que su participación en la elaboración del comunicado fue meramente instrumental. Sin embargo, el tribunal determinó que el Supremo debe decidir si García Ortiz debe declarar, dado que la emisión y difusión de la nota excedió las competencias de la Fiscalía de Madrid y contó con el respaldo de la fiscalía general.
El juez sostiene que el comunicado divulgado reveló datos que perjudicaron a terceros y que podría haberse redactado de manera que no vulnerara el deber de reserva. Además, el tribunal ordenó que Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, también sea investigada por su papel en el caso.
El TSJM destaca la responsabilidad de García Ortiz en el comunicado, apoyándose en declaraciones de testigos y en un escrito del propio fiscal general. El tribunal advierte que continuar la causa sin investigarle podría causarle indefensión, ya que su declaración no puede realizarse en el TSJM debido a su aforamiento.
La investigación, a cargo del magistrado Francisco José Goyena, fue encomendada al TSJM debido al aforamiento de la fiscal jefe. La acusación es ejercida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y a lo largo de la causa, el propio García Ortiz ha comunicado por escrito que el comunicado se emitió bajo su orden. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidirá ahora si abre una causa contra García Ortiz, el único aforado ante el Supremo en este caso.
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