En los últimos años, la justicia española ha demostrado una sorprendente capacidad para inmiscuirse en causas políticas, y el reciente proceso inquisitorial contra Begoña Gómez es un claro ejemplo de ello. Según una historia relatada por Antonio Maestre y publicada en eldiario.es, este caso se ha convertido en una nueva lección de cómo los poderes no elegidos pueden imponer su voluntad sin respetar las garantías jurídicas.
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de un proceso que parece más una persecución política que una investigación judicial. Este caso, liderado por el juez Juan Carlos Peinado, ha sido calificado como inquisitorial debido a las numerosas irregularidades que presenta.
La ley de enjuiciamiento criminal en España establece claramente que se debe investigar un hecho concreto para iniciar un proceso, prohibiendo las investigaciones prospectivas, también conocidas como fishing expeditions. Estas investigaciones, que buscan encontrar cualquier posible delito en el proceder de una persona sin un hecho específico que las motive, están totalmente prohibidas en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, en el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado parece ignorar esta prohibición.
Carmen Lamela, juez del Tribunal Supremo, sentó las bases de la jurisprudencia en una sentencia de noviembre de 2021, subrayando la prohibición de las investigaciones prospectivas. Lamela afirmó que el objeto del proceso penal debe estar claramente delimitado, y no se puede iniciar una investigación general sobre una persona sin indicios específicos de un delito.
En respuesta a una petición de la defensa de Begoña Gómez, el juez Peinado emitió un auto en el que declaraba que "los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España". Este auto excluía los hechos relacionados con los contratos adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, financiados con fondos europeos. Sin embargo, incluía una nueva vía de investigación sobre el software utilizado para el máster de Gómez, que no tenía relación con la denuncia original, mostrando así una clara inclinación hacia la inquisición general.
Este enfoque del juez Peinado es un claro ejemplo de investigación prospectiva, buscando entre todas las actividades de Gómez para ensanchar la causa y dilatar el proceso en el tiempo. La derecha española utiliza este proceso como una herramienta para desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez, recurriendo a tácticas judiciales para lograr sus objetivos políticos.
Las causas generales en España tienen una oscura historia, especialmente en relación con la represión de ideas de izquierda. En 1940, el ministro franquista Esteban Bilbao inició la "Causa General sobre la dominación roja", con el objetivo de castigar y reprimir cualquier atisbo de progreso en España. Este proceso penal sumario, sin garantías jurídicas, fue utilizado para consolidar el relato franquista y legitimar la persecución de aquellos señalados como enemigos del régimen.
La actual inquisición contra Begoña Gómez parece seguir este mismo patrón, utilizando el sistema judicial para perseguir y disciplinar a la izquierda española. Este proceso no solo socava las bases de la justicia, sino que también pone en evidencia la capacidad de la derecha para utilizar cualquier medio a su disposición para recuperar el poder.
Entradas
0 Comentarios