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Ecuador se enfrenta a una crisis de derechos humanos sin precedentes. Según un informe reciente de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), se han documentado 45 casos de violaciones graves por parte de policías y militares durante el primer trimestre de 2024. Este alarmante reporte, publicado el 12 de julio de 2024, revela abusos cometidos en el marco de la declaración del Decreto 111, establecido por el presidente Daniel Noboa.
El informe detalla que las violaciones de derechos humanos han sido registradas desde el 8 de enero hasta el 8 de abril del presente año, período en el que se declaró el Conflicto Armado No Internacional (CANI). La Inredh ha recopilado estas denuncias a través de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y medios digitales, analizando exhaustivamente la veracidad de la información recibida.
De los 45 casos documentados, 19 se identificaron como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, se reportaron cinco casos de detenciones ilegales y arbitrarias, cuatro ejecuciones extrajudiciales, tres desapariciones forzadas bajo custodia estatal y 12 casos de vulneración de comunidades. La presidenta de Inredh, Verónica Yuquilema, señaló que la mayoría de las víctimas son personas de clases populares, en su mayoría hombres jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.
Las comunidades más afectadas han sido las indígenas, montubias y afrodescendientes, así como otros sectores vulnerables de la población. Yuquilema ha subrayado que, a pesar de la crisis de seguridad en el país, no se puede calificar la situación actual como un conflicto armado interno, sino como una cuestión derivada de políticas erróneas de los gobiernos actuales y anteriores.
Este informe plantea serias preguntas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Ecuador y la necesidad urgente de reformas para proteger los derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas de estos abusos.
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